¿Expropiar pisos para pinchar la burbuja?
El veredicto dictado por el Tribunal Constitucional de apoyar a Navarra en casos de expropiación de viviendas a empresas, siempre y cuando, hayan estado vacías durante dos años, ha originado en el sector inmobiliario diversas voces en su contra. Igualmente, otra decisión de este Tribunal, dio origen a no pocas controversias, debido a que concedió al Ayuntamiento de Barcelona, permiso para proceder a las expropiaciones de pisos en régimen de alquiler social. Este hecho ha dado origen a debatir, si esta postura es una forma de expandir el stock de viviendas públicas para régimen de alquiler, poner un tope a los precios y permitir que las familias con menos ingresos, tengan una opción para competir por una vivienda digna en el mercado actual.
Pero los profesionales del sector no lo ven del todo claro
Y se preguntan si esta medida es realmente eficaz y a su vez recalcan que nos encontramos en una situación un tanto delicada, en la cual, un ascenso de los precios de venta y alquiler, puedan dar origen a una nueva burbuja fuera de control. Desde el sindicato de inquilinos de Barcelona, se dice que es una vergüenza que haya tantos pisos deshabitados y a su vez tantas familias en situación crítica habitacional, sin opción a una red de alojamientos. Igualmente, confirman que elevando el número de viviendas asequibles en alquiler pueda frenar la subida de precios descontrolada que tiene lugar en la actualidad.
¿Existe realmente un elevado stock de viviendas vacías?
Asimismo, son muchos los que se preguntan, si verdaderamente existe una cartera de pisos tan elevada a nombre de empresas que se encuentren en esta situación. Según estudios realizados por diferentes medios, se estima que el stock de viviendas nuevas, sin vender, construidas después de la crisis que afectó al país de forma generalizada, y especialmente al sector inmobiliario, serían de unas 250.000 aproximadamente. El número de viviendas se ha ido reduciendo considerablemente, ya que en los años más aciagos de la crisis esta cifra llegó a alcanzar casi los dos millones de viviendas, por lo que promotoras y consultoras del sector no están de acuerdo cuando se dice que exista una falta de disponibilidad y mucho menos que esta decisión vaya a solucionar los elevados precios y la falta de viviendas.
¿Se encuentran estas viviendas en el lugar geográfico que se necesitan?
Igualmente, y basándonos siempre en los estudios realizados por diferentes medios profesionales, es imprescindible saber qué número de viviendas quedarían disponibles tras esta decisión, y si pueden compensar, además de saber cuál es su ubicación, ya que es posible que ésta, se encuentre en un lugar geográfico donde no sean alquilables, ni se hallen donde más demanda existe. Según diferentes fuentes del sector, aseguran que únicamente el 13 % de todo el stock inmobiliario que poseen las entidades financieras, se encuentra ubicado en capitales de provincia, que es precisamente donde existe la demanda y a su vez el sobrecalentamiento de los precios.
No solo las entidades sufren esta decisión
Esta medida adoptada por el Tribunal Constitucional, además de afectar a las entidades, también incluye a las promotoras, que se han quejado abiertamente, calificándolo como un atentado al derecho a la propiedad, y negando que sea una solución, el hecho de arreglar esta situación en los Tribunales. Desde las asociaciones de promotoras y constructores, alzan la voz, quejándose de porqué se les penaliza a ellos, y no a otros sectores como el de automoción o de la moda, y se preguntan si entramos en una nueva etapa de crisis y no pueden vender en un dilatado periodo de tiempo, también les expropiarían.